Concibo la salud como un derecho fundamental de toda persona y, al mismo tiempo, como una responsabilidad compartida entre el individuo, la familia, la comunidad y el Estado. Desde mi visión de centro derecha, sostengo que la salud no puede ser entendida exclusivamente como un servicio asistencial, sino como un bien social esencial que se construye sobre una sólida base educativa, cultural y ética. Una democracia sustentada en un previo ejercicio educativo exige ciudadanos conscientes de su propio bienestar, informados sobre la prevención y corresponsables del cuidado de su cuerpo y su entorno.
Creo que el sistema de salud debe orientarse hacia la dignidad de la persona humana, principio que inspira tanto el humanismo cristiano como la economía social de mercado. El Estado, en este sentido, debe garantizar igualdad de acceso, pero también debe fomentar la libertad de elección entre sistemas públicos y privados, incentivando la competencia sana y regulada, de modo que la calidad del servicio sea fruto del mérito, la innovación y la eficiencia.
Desde una perspectiva social y sanitaria, abogo por un modelo preventivo antes que reactivo, que invierta en educación para la salud, en hábitos de vida saludables, y en la promoción de la salud mental como dimensión inseparable del bienestar integral. Una ciudadanía instruida en el cuidado de sí misma contribuye a la sostenibilidad del sistema y reduce la dependencia de la atención curativa.
En el plano administrativo, propongo un modelo descentralizado, con autonomía local para adaptar las políticas sanitarias a la realidad territorial. La gestión debe ser transparente, eficiente y evaluable, con métricas claras que permitan medir resultados y corregir deficiencias. El rol del Estado no es monopolizar la prestación, sino garantizar la equidad, regular con justicia y fiscalizar con rigor.
Filosóficamente, la salud representa la armonía entre cuerpo, mente y espíritu, y su protección implica reconocer el valor intrínseco de la vida. En una democracia madura, el ciudadano no delega totalmente su salud al Estado, sino que la asume como expresión de su libertad y su deber moral. La educación —base de toda democracia auténtica— debe preparar al ser humano para ejercer esa libertad con responsabilidad, entendiendo que cuidar la salud propia y la ajena es también un acto de amor social y de respeto a la vida.
En síntesis, defiendo una política de salud humanizada, libre y equitativa, donde el Estado y la sociedad cooperan, donde la educación forma ciudadanos conscientes y donde la dignidad de la persona prevalece sobre toda estructura burocrática o ideológica. Solo una ciudadanía educada y libre puede sostener una salud pública verdaderamente democrática.

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